En una resolución de agosto el Defensor advierte al Ejecutivo local que la planificación urbana debe ajustarse a la normativa vigente.
Los populares han planteado nuevas alegaciones profundizando en la ausencia de Ordenanza municipal que dé cobertura a las actuaciones realizadas.
El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Logroño, Conrado Escobar, ha explicado esta mañana que el Defensor del Pueblo continúa el seguimiento de la queja planteada por el Grupo Popular sobre el programa ‘Calles Abiertas’ y ha requerido al Ayuntamiento de Logroño nueva información.
En una resolución de fecha 5 de agosto, el Defensor advierte al Ejecutivo local que la planificación urbana debe ajustarse a la normativa vigente, sin perjuicio de las adaptaciones y/o modificaciones que sean necesarias en cada momento para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible que se pretenden. Asimismo, afirma que debe hacerse partícipes a los usuarios de los cambios con divulgación y formación.
El Defensor requiere al Ayuntamiento que informe acerca de las medidas que se han adoptado para divulgar y formar correctamente a los usuarios sobre los cambios de movilidad que se han operado.
Además considera imprescindible saber si se ha realizado algún estudio para recabar la opinión ciudadana porque recalca que el conocimiento de la percepción de los vecinos sobre los cambios operados es muy valioso y debe ser también ponderado con los objetivos de carácter técnico que se persiguen.
Escobar ha afirmado que es ilustrativo el contenido del informe al poner la tilde y manifestar que «es necesario recordar que la señalización (sea o no vial) es un sistema de comunicación visual que cumple la función de guiar, orientar u organizar a los usuarios de la vía en aquellos puntos del espacio que planteen dilemas de comportamiento. Por lo tanto, debe ser claro y fácilmente comprensible para los ciudadanos”.
Pone sobre aviso al Ejecutivo local que «la finalidad última debe ser siempre que los usuarios de la vía puedan comprender ese tipo de
mensajes, sin equívocos».
El portavoz popular ha resaltado otra de las reflexiones que se recogen en la resolución del Defensor es que ningún otro Ayuntamiento de España por razones sanitarias realizadas directamente con la pandemia de COVID-19 haya optado por soluciones tan “novedosas y experimentales” como las adoptadas por el Ayuntamiento de Logroño.
Con estas consideraciones recrimina al Gobierno Local de manera contundente que «preocupa a esta institución que puedan existir otros elementos en el pavimento (colores y figuras geométricas) que provoquen confusión en la interpretación de la señalización vial (y la no vial) y que los usuarios de la vía no sepan interpretar correctamente su significado. La presencia de elementos que distorsionan la comprensión de las indicaciones viales es el motivo de la principal preocupación de esta
institución».
Los populares han calificado de concluyente otra de las consideraciones realizadas por el Defensor al señalar que “el significado de los distintos colores y figuras geométricas sobre el pavimento (sean o no marcas viales) deben poder ser descifrados de forma rápida por los usuarios de la vía, porque de lo contrario estaremos ante una simple manifestación de arte urbano”.
Escobar ha recordado que en la queja presentada por su formación ante el Defensor argumentaban que se estaban vulnerando derechos como la libre circulación por el territorio nacional en condiciones de igualdad y adecuada accesibilidad y con la debida garantía de su seguridad física de los artículos 14, 15 y 19 de la Constitución Española.
Ha explicado que el Grupo Popular ha presentado un nuevo escrito al Defensor con alegaciones en las que profundizan sobre las consideraciones recogidas por el Defensor sobre las dudas por el procedimiento seguido por el Ejecutivo local, sin contar con Ordenanza municipal y sin ajustarse a la normativa en vigor.